En 2010, Vilma Morales, siendo presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros – CNBS, autorizó la liquidación forzosa de Banco de los Trabajadores, para lavar activos por más de 300 millones de lempiras entregados en efectivo a la CNBS. El decreto aprobado para tal fin es inconstitucional, ya que solo podía ser autorizado por el poder ejecutivo, y fue firmado por Juan Hernández, entonces presidente del Congreso Nacional. Existe una denuncia interpuesta en la que se acusa a Vilma Morales de los delitos de abuso de autoridad, fraude al Estado, prevaricato, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
