Con pleno conocimiento de las transacciones delictivas, Ethel Deras permitió el saqueo y lavado de dinero a través de empresas fantasmas. Juan Hernández, Ebal Díaz, Rocío Tabora, Juan Carlos Álvarez, Jacobo Paz Bodden y la misma Ethel Deras conspiraron para saquear más de 4 mil millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura Ganadería (SAG), para financiar la campaña de reelección de Hernández en 2017.

En mayo de 2017, Juan Hernández aprobó los decretos ejecutivos para dejar sin validez las disposiciones del presupuesto general de la República, que prohibían las compras amparadas en decretos de emergencia. Una vez autorizados los decretos de emergencia, Juan Hernández ordenó a Jacobo Paz Bodden, quien dirigía la SAG, emitir 23 contratos para la construcción de cosechas de agua; dichos fondos serían trasladados al Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI), a través de la Secretaría de Finanzas. Con los fondos en mano, Juan Carlos Álvarez (hermano de Ricardo Álvarez), como director de BANHPROVI, autorizó su traslado a cuentas personales.

La SAG ha sido saqueada en dos ocasiones. En la primera, por 280 millones de lempiras: participaron 38 diputados y funcionarios públicos; y esta segunda: por 4 mil seiscientos millones; que se mantiene en secretividad en el Ministerio Público por órdenes del fiscal general Oscar Chinchilla. El perjuicio ha tenido consecuencias fatales: la producción de granos básicos y la asistencia técnica a campesinos pobres de Honduras no se ha podido reactivar, causando la migración en 2018 y 2019, de 450 mil hondureños provenientes de los sectores rurales.

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