Grupo GyT de diputada Waleska Zelaya dobletea defraudación al estado
En abril de 2020 Grupo Gestión y Tecnología (GyT), propiedad de Juan José Lagos, esposo de la diputada Waleska Zelaya (tesorera de la empresa), recibió un contrató por más de 50 millones de lempiras, para vender a Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) 474 mil mascarillas KN95. Dos semanas después, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó un informe cuestionando el contrato debido a la sobrevaloración de precios y la vinculación de GyT con la diputada Zelaya, por lo que Marco Bográn, director de INVEST-H, se vio en la obligación de dejar “sin valor y efecto” la orden de compra (019-2020) y solicitar a Grupo GyT la devolución, en 48 horas, de 20 millones de lempiras adelantados. GyT no ha devuelto el dinero al Estado.
La empresa señalada no tiene experiencia en el rubro médico. Desde el 2015, Grupo GyT ha sido un proveedor predilecto del Estado, favorecido con contratos millonarios por servicios de seguridad (instalación de cámaras de seguridad, chalecos antibalas, etc.), equipo tecnológico (software para facturación de empresas) y fabricación de documentos legales (licencias de conducir, pasaportes, certificados de nacimiento, títulos de propiedad, etc.) GyT ha brindado servicios a la Secretaría de Gobernación y Justicia, el Comité Permanente de Contingencias (COPECO) y el Registro Nacional de las Personas (RNP), entre otras.
El representante legal de Grupo GyT, Héctor Banegas, envió una carta dirigida a INVEST-H, justificando el retraso: “el depósito esta invertido en la compra de las 474 mil mascarillas, que se encuentran en nuestras bodegas”. Si GyT pudo comprar todas las mascarillas con el 20% adelantado, ¿la diferencia es pura sobrevaloración? Esto coincide con el análisis comparativo del CNA en el informe “La corrupción en tiempos de COVID-19”, que señala que INVEST-H compró a Grupo GyT una mascarilla KN95 a 107 lempiras y la Secretaria de Salud (SESAL), a través de fideicomiso, compró la misma mascarilla a 67 lempiras, ocasionado un perjuicio de 31 millones de lempiras al Estado.
