Entre el 2011 y 2012 el Capitán Pompeyo Bonilla, entonces Ministro de la Secretaría de Seguridad (al mando solo un año y medio) solicitó a la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI), más de 13 desembolsos en efectivo, que suman un poco más 20 millones de Lempiras, para cubrir gastos de alimentación para misiones y operativos especiales de la Policía Nacional (PN), que pudiesen “ocurrir durante la madrugada”.

La Unidad de Información Financiera (UIF) del Banco Central de Honduras (BCH) reportó las transacciones como “inusuales”, debido a la emisión de varios cheques cobrados en efectivo y en fechas consecutivas por Silvia Yanneth Rivera Castillo, empleada de la gerencia administrativa de la Secretaría de Seguridad.

Durante la gestión del Capitán Pompeyo Bonilla se ocultaron informes que prueban autorización y participación en actos de corrupción en la institución policial (datos extraídos de expedientes investigativos de la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad); los informes de investigaciones develan nombres de cúpulas empresariales, políticas, policiales, y del narcotráfico, que planificaron y ordenaron asesinatos, entre ellos, el de Julián Arístides Gonzáles, el Zar antidrogas; y el de Alfredo Landaverde.

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