El Narco-Estado en su afán de entregar el país a manos privadas, concesionó en 2013 la terminal de contenedores y carga general en Puerto Cortés, a través de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), mediante un concurso público internacional. En el concurso apostaron las empresas: International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) de Filipinas, Consorcio Grup Maritim TCB, de España (involucrada en actos de corrupción en Guatemala), Francia y Sl/Bolleré Africa Logistics de África; el concurso fue oficialmente ganado por ICTSI, a través de su subsidiaria de propiedad absoluta Operadora Portuaria Centroamericana (OPC).

ICTSI es una compañía global de gestión portuaria con sede en Manila, Filipinas, establecida por el español-filipino Enrique K. Razon, quién además tiene inversiones en energía, minería, exploración de petróleo y gas. Sin embargo, luego de ganar la licitación, ICTSI cedió el 70% a ICTSI Brazil Limited, una empresa de su mismo conglomerado creada pocos días antes de hacer el traspaso. ICTSI Brazil Limited radicada en las Bermudas, un paraíso fiscal que protege con el anonimato a sus dueños y facilita a las empresas offshore evadir el fisco y el lavado de activos.

La OPC es un puerto importante en América Central por ser el único en la región CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua), que permite que los contenedores cargados desde el puerto hondureño lleguen a puertos de EE. UU., pre-controlados, con menor riesgo y garantizando mayor velocidad para los procesos de despacho, y actualmente se encuentra en manos de desconocidos que evaden el fisco gracias a la concesión a 30 años.

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