El 5 de diciembre de 2012, a solo dos días de entregar la presidencia del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la magistrada Deysi Anchecta, publicó el informe de una auditoría de la gestión de Ricardo Álvarez en la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), que no se ajustó a lo auditado. Esto con el fin de beneficiar al ex alcalde, quien lanzaba su candidatura a la presidencia de la República.

En el borrador original de la autoría realizada por el Sr. Guillermo Mineros, se señalaban 14 irregularidades valoradas en más de 303 millones de lempiras (Lps 303,335,909.61) constitutivos de responsabilidad civil en perjuicio de la Corporación Municipal, sin embargo, en el informe publicado solo aparecieron 4 irregularidades “administrativas” valoradas en 6 millones. En el memorando No.176-DM-2013 el auditor presentó una impugnación al pleno de magistrados: “el informe no contó con mi revisión y aprobación”.

Si el TSC es el primer enlace para combatir la corrupción, ¿por qué las auditorias no son tomadas como prueba ante el Ministerio Público para llevar a la justicia a los funcionarios públicos, instituciones y empresarios que cometen delitos de corrupción? ¿Quién audita al Tribunal Superior de Cuentas?

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