La concesión de la terminal de contenedores en Puerto Cortés representa la entrada de unos 47.5 millones de dólares anuales a la empresa ganadora, y el acceso a uno de los puntos estratégicos para la logística marítima por los próximos 30 años, por lo que la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) debió implementar un riguroso proceso para la adjudicación del contrato. Sin embargo, lejos de ello, permitieron e incluso fueron parte de una serie de irregularidades que involucran empresarios y políticos que actualmente enfrentan procesos judiciales en otros países.

COALIANZA en un primer momento estableció como requisitos para las empresas aspirantes en la licitación, el movimiento mínimo de 3 millones de contenedores anuales, y contar con un patrimonio de 300 millones de dólares. El Consorcio Grup Maritim TCB, propiedad de los hermanos españoles Pérez-Maura no cumplía con esos requerimientos y solicitó al empresario salvadoreño Enrique Rais, que intercediera ante las autoridades hondureñas a favor de su empresa, según las evidencias presentadas por la revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica de El Salvador.

A cambio de la intermediación para afianzar el jugoso contrato del puerto, la naviera TCB convertiría a los salvadoreños en sus socios para que fueran parte de las ganancias de los próximos 30 años. Según la investigación, Rais con un viaje a Honduras logró “mediar” y Coalianza fabricó un traje a la medida de TCB. En septiembre de 2012, sale a la luz la lista de requisitos para participar en la licitación de Puerto Cortés, donde el movimiento mínimo de contenedores exigido a una empresa aspirante a quedarse con la concesión, bajó a 2 millones y el patrimonio mínimo a 240 millones de dólares. Las influencias del empresario Enrique Rais, permitieron a TCB participar en la licitación, aunque no le garantizó ganarla.

Al parecer, para los hermanos Pérez-Maura, es común obtener contrataciones mediante arreglos bajo la mesa; en la actualidad se encuentran en un proceso judicial en Guatemala acusados por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción e Impunidad del país (CICIG), de los delitos de tráfico de influencias y cohecho, por pagar 30 millones de dólares en sobornos al expresidente Otto Pérez Molina, y a la ex vicepresidente Roxana Baldetti por la adjudicación de una nueva terminal de contenedores en la zona de Quetzal.

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