Turbias negociaciones en la concesión de Puerto Cortés

Turbias negociaciones en la concesión de Puerto Cortés
Por El Perro Amarillo

La concesión de la terminal de contenedores en Puerto Cortés representa la entrada de unos 47.5 millones de dólares anuales a la empresa ganadora, y el acceso a uno de los puntos estratégicos para la logística marítima por los próximos 30 años, por lo que la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) debió implementar un riguroso proceso para la adjudicación del contrato. Sin embargo, lejos de ello, permitieron e incluso fueron parte de una serie de irregularidades que involucran empresarios y políticos que actualmente enfrentan procesos judiciales en otros países.

COALIANZA en un primer momento estableció como requisitos para las empresas aspirantes en la licitación, el movimiento mínimo de 3 millones de contenedores anuales, y contar con un patrimonio de 300 millones de dólares. El Consorcio Grup Maritim TCB, propiedad de los hermanos españoles Pérez-Maura no cumplía con esos requerimientos y solicitó al empresario salvadoreño Enrique Rais, que intercediera ante las autoridades hondureñas a favor de su empresa, según las evidencias presentadas por la revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica de El Salvador.

A cambio de la intermediación para afianzar el jugoso contrato del puerto, la naviera TCB convertiría a los salvadoreños en sus socios para que fueran parte de las ganancias de los próximos 30 años. Según la investigación, Rais con un viaje a Honduras logró “mediar” y Coalianza fabricó un traje a la medida de TCB. En septiembre de 2012, sale a la luz la lista de requisitos para participar en la licitación de Puerto Cortés, donde el movimiento mínimo de contenedores exigido a una empresa aspirante a quedarse con la concesión, bajó a 2 millones y el patrimonio mínimo a 240 millones de dólares. Las influencias del empresario Enrique Rais, permitieron a TCB participar en la licitación, aunque no le garantizó ganarla.

Al parecer, para los hermanos Pérez-Maura, es común obtener contrataciones mediante arreglos bajo la mesa; en la actualidad se encuentran en un proceso judicial en Guatemala acusados por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción e Impunidad del país (CICIG), de los delitos de tráfico de influencias y cohecho, por pagar 30 millones de dólares en sobornos al expresidente Otto Pérez Molina, y a la ex vicepresidente Roxana Baldetti por la adjudicación de una nueva terminal de contenedores en la zona de Quetzal.