AMNISTÍA: ¿OJO POR OJO, DIENTE POR DIENTE?

La amnistía, como medida jurídica internacional, es un recurso para la reconciliación de la sociedad luego de una fractura histórica ocasionada por un régimen o período excepcional, y su sentido más profundo es el de redimir a las víctimas del Estado después de una crisis social o política. Sin embargo, aplicada por seres humanos con intereses, la amnistía también ha sido manipulada para dar impunidad a graves violaciones de Derechos Humanos.

En Honduras se han decretado dos amnistías: después del golpe de Estado de 2009 y, recientemente, tras la salida (por la vía electoral) del régimen Juanorlandista que instaló un Narco-Estado en Honduras. La amnistía del 2010, decretada por el gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo, garantizó la libertad de militares, policías y civiles que perpetraron actos violentos contra la población durante el Golpe de Estado de 2009. En cambio, la amnistía del 4 de febrero de 2022, aprobada por el recién instalado Congreso Nacional – CN, se fundamenta en la necesidad de resarcir a las víctimas de ese mismo golpe de Estado.

Rasel Tomé, diputado por el Partido Libertad y Refundación – LIBRE, presentó en enero pasado, la propuesta de amnistía en el marco de la Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan. Quienes lucharon por la restitución del orden constitucional tras el golpe de Estado, se conmovieron al escuchar, por primera vez, los nombres de cada uno de los hombres y mujeres víctimas de ese acto contra la vida democrática de Honduras; especialmente porque resonaron en el mismo recinto legislativo, donde se libró de culpa a sus victimarios en 2010.

La premisa con la que se mocionó esta nueva amnistía es clara: merecen justicia las víctimas del Golpe, los sacrificados de la crisis post-electoral del 2017, las víctimas por la defensa de la tierra y el agua, y ciudadanos perjudicados por un sistema penal corrupto y coludido con el crimen organizado.

A pesar que la diferencia de novitos y actores es evidente, el decreto ley ha levantado reacciones en contradicción. Un sector coincide con Rixi Moncada, actual secretaria de finanzas y víctima de persecución política, quien asegura que la recién aprobada amnistía pretende “levantar el velo ensangrentado para reconocer que hay cientos de familias que perdieron sus seres queridos a lo largo de doce años y que todos esos crímenes, persecución, sometimiento a una justicia dependiente y dirigida, quedaron en la impunidad. No es un pacto de impunidad, es un pacto por la justicia”.

Sin duda, quienes se expresan en contra tienen argumentos válidos a su favor. Por ejemplo la ley establece que, gozarán de amnistía general, amplia e incondicional “las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo comprendido del 27 de enero 2006 al 28 de junio 2009 y que fueron víctimas del Golpe de Estado, requeridos y acusados o procesados”. Es decir, esta nueva amnistía facilita cartas de libertad al gabinete del expresidente Manuel Zelaya Rosales, sin excepción alguna, incluyendo quienes cometieron actos de corrupción.

También levanta sospecha que, solo unos párrafos más abajo, la ley establece que el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras – COFADEH debe emitir una acreditación que justifique en forma amplia, clara y suficiente los hechos para que el operador de justicia aplique la amnistía, sin embargo esta medida compromete a todos los presos políticos y víctimas, excepto a ex funcionarios que actuaron entre 2006 y 2009.

El hecho es que, en el terreno movedizo de la aplicación del recurso de amnistía, quienes tienen la última palabra son los jueces, aún cuando, en este caso, exista el filtro de la opinión calificada del COFADEH.

La nueva aministía ha dado lugar a la liberación de Marcelo Chimirri, ex gerente de Hondutel, condenado por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y fraude durante su gestión. Otro caso sonado ha sido la repatriación y liberación de Enrique Flores Lanza, ex ministro de la presidencia, un falso positivo del gobierno defenestrado de Manuel Zelaya, de acuerdo a la opinión del COFADEH, que ha reconocido al ex funcionario como perseguido político.

Otros personajes de la vida del país, podrían gozar de sobreseimiento definitivo: Rasel Tomé, diputado de LIBRE, acusado del delito de abuso de autoridad por otorgarle una frecuencia no autorizada a la familia Rosenthal, durante su gestión en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CONATEL. Del mismo modo podría quedar libre de responsabilidad penal David Castillo, co-autor del asesinato de Berta Cáceres, quién solicitó esta medida por los delitos cometidos para favorecer el proyecto extractivista Agua-Zarca.

Joaquín Mejía, abogado y defensor de Derechos Humanos, manifestó a este equipo de investigación: “a mí lo que me extraña es que, en casos concretos, como el de Chimirri o Flores Lanza, ellos presentan que se aplique la solicitud de amnistía y estos jueces la apliquen de manera automática. Aquí hay una triple responsabilidad de los poderes del Estado” Según Mejía, la primera responsabilidad es del CN ya que, antes de aprobar una ley, debe tener la seguridad que esta no contradice la constitución, como la de otorgar impunidad a casos de corrupción. La segunda responsabilidad recae en el poder ejecutivo, que al momento de sancionar la ley debió pedir correcciones a los incisos que permiten impunidad en casos de corrupción y, por último, la tercera responsabilidad es del poder judicial, por no ejercer el control de constitucionalidad correspondiente, y brindar la amnistía de forma automática.

No se trata de un simple “ojo por ojo, diente por diente”, o la disputa entre golpistas y víctimas del golpe tramando la oportunidad de librar de responsabilidad penal a los suyos. El pueblo hondureño necesita justicia histórica.

Más allá de la polémica generada por la liberación de ex funcionarios, y la expectativa en torno a las reformas al decreto presentada por diputados del partido Salvador de Honduras – PSH, un recurso legal que procura la reconciliación, no puede utilizarse para eximir de responsabilidad a quienes han violado derechos humanos. Es justo y necesario que la amnistía procure la liberación de los presos políticos, la repatriación de los perseguidos políticos en el exilio y el resarcimiento y reparación de las familias de las víctimas de un golpe de Estado reconocido internacionalmente.