¿AMNISTÍA PARA DAVID CASTILLO? ¡NO-HA-LUGAR!

El 5 de julio del año pasado, la Corte Suprema de Justicia – CSJ declaró culpable al subteniente de inteligencia David Castillo, por la co-autoría intelectual del asesinato de Berta Cáceres. Hasta la fecha no se ha realizado la audiencia para determinar el castigo que deberá cumplir el socio de los Atala en la empresa DESA, constructora de la hidroeléctrica a la que se opuso la comunidad Lenca liderada por Berta. El poder judicial, sin justificación alguna, ha dilatado la imposición de la pena. La última vez la audiencia se pospuso para el 4 de abril de 2022, casi un año después de la sentencia.

El asesinato de Berta Cáceres es una mancha indisoluble en el expediente criminal de David Castillo, egresado de la academia militar de West Point en Estados Unidos. Sin embargo, el legajo delictivo de Castillo tiene más de una década.

Castillo lleva años bajo la protección del poder judicial, pagado por los empresarios del sector energético a quienes el militar les ha facilitado los negocios. En 2009, David Castillo fue investigado por el Tribunal Superior de Cuentas – TSC por dos actos de corrupción. El militar cobraba doble salario: como oficial de las Fuerzas Armadas, y también como empleado en la Empresa Nacional Energía Eléctrica - ENEE. El mismo documento refiere que Castillo fue proveedor de las Fuerzas Armadas con una empresa de equipo de oficina, causando un perjuicio al Estado de más de 200 mil lempiras. Castillo se deshizo fácilmente de los delitos con una multa y continuó como funcionario en la ENEE.

Diez años después, el 4 mazo de 2019, David Castillo fue acusado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras – MACCIH en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”, por los delitos de fraude, falsificación de documentos, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio del Estado. El caso apunta a Castillo por utilizar su posición como asistente técnico de gerencia en la ENEE, para beneficiar a la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. – DESA, propiedad de los Atala Zablah, y en la que Castillo aparece como miembro de la junta directiva. David Castillo no ha sido llevado a juicio por estos delitos.

Hace apenas una semana, el pasado 8 de marzo, se desnudó de nuevo el poder de la familia Atala, para favorecer a su testaferro y fiel servidor. La defensa de Castillo solicitó ante el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción aplicar a su protegido el Decreto de Amnistía recién aprobado por el Congreso Nacional – CN, por los delitos que se le imputan en el Caso Gualcarque. El Tribunal aceptó la solicitud y programó la audiencia para el 16 de marzo. Luego, como de costumbre, la audiencia se pospuso para el 18, y volvió a posponerse sin fecha determinada.

La amnistía fue aprobada por el CN bajo la premisa de reconciliación y aplicación de justicia a las víctimas del Golpe de Estado de 2009. David Castillo no es víctima del golpe, al contrario, se benefició del fortalecimiento del proyecto Juanorlandista que vendió a pedazos el territorio en concesiones trabadas con base en contratos dolosos, gracias a la colaboración de funcionarios de la talla de Castillo.

De aplicarse, de forma retorcida, una amnistía en favor de Castillo, este no sería juzgado por los delitos cometidos para favorecer el proyecto extractivista que acabó con la vida de Berta Cáceres. Si el Tribunal decide aplicar la medida, quedará en impunidad el asedio que atormenta a la comunidad Lenca que continúa en resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. El Poder Judicial, aún en manos del Juanorlandismo, sabe que a la acción interpuesta solo puede responder No-ha-lugar. Pero esos mismos togados han evitado juzgar a los autores intelectuales que silenciaron las denuncias de Berta.

¿Qué sabe David Castillo? ¿Por qué las instituciones de “justicia” buscan beneficiarle a toda costa? El ex director ejecutivo de la empresa DESA guarda prisión en el Primer Batallón de Infantería, y la peligrosa celda de su inteligencia militar retiene la información que podría poner tras las rejas a socios y co-autores, esos mismos que Berta Cáceres denunció en vida, con nombre y apellido: Jacobo Nicolás Atala Zablah, Pedro Atala Zablah, José Eduardo Atala Zablah, Camilo Atala Faraj y Daniel Atala Midence.