Crónica de la Impunidad (Parte I)

Gabriela Castellanos es la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción –CNA, entidad que representa a la sociedad civil hondureña con el objetivo de apoyar acciones en el combate a la corrupción. Dicho sea de paso, Gabriela es víctima de ataques mediáticos y de las propias instituciones gubernamentales señaladas por el CNA en el ejercicio de su deber develando las anomalías de la actual narco-dictadura que comanda Juan Orlando Hernández y todo su aparato estatal.

La funcionaria del CNA le cuenta al equipo de El Perro Amarillo, a manera de crónica, cómo ha venido actuando el Congreso Nacional para fomentar la impunidad en favor del actual partido en el poder.

Decreto n.º 130-2017 referente al nuevo Código Penal

El 17 de mayo de 2016, el pleno del Congreso Nacional aprobó el dictamen del nuevo Código Penal, mismo que se discutió y aprobó por capítulos, durante un año, hasta que finalmente fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 10 de mayo de 2017 bajo el Decreto Legislativo n.º 130-2017.

El proceso de aprobación del nuevo Código Penal fue objeto de una serie de ilegalidades que violentaron disposiciones ya establecidas tanto en la Constitución de la República como en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Entre ellas se destaca: El asentimiento de artículos durante un período de receso en mayo de 2016, la declaración de disposiciones sin contar con el quorum requerido de diputados presentes en cada sesión ordinaria, el uso de figuras como la reconsideración del acta, la cual fue implementada para modificar penas aun cuando éstas ya habían sido debidamente aprobadas; por último, otro de los hechos que se reputó constitucionalmente sancionable fue la derogación de 31 artículos y 2 reformas durante el transcurso de 1 año y 23 días de vacatio legis (período que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor).

En relación al contenido del Código Penal, es más que evidente por qué se cometieron todas las irregularidades antes descritas, ya que en él se enfatizan considerables rebajas de pena en los delitos de criminalidad organizada; tal es el caso de los delitos en contra de la administración pública, que, a parte de las rebajas de penas, contiene ciertos beneficios que ningún otro título contempla. Es por ello que mostraron esa necesidad de que entrase en vigencia esa herramienta en beneficio propio.

Del mismo modo, en los delitos contra la libertad de expresión, se muestra un ensañamiento por parte de los promotores de esta legislación para coartar el derecho al reclamo ciudadano y la protesta pacífica. El impacto social de esta nueva normativa penal es altamente negativo a los intereses sociales de Honduras. Como política pública criminal, esta norma le está expresando a la ciudadanía que aprovecharse de los recursos estatales es más factible que cometer delincuencia común, ya que las penas de los delitos en contra de la administración pública han sido significativamente reducidas, todo esto producto de la voluntad legislativa de un sector oscuro del Congreso Nacional de la República.

Reforma inconstitucional a la Ley Orgánica del Presupuesto

El 20 de enero de 2017, diputados del Congreso Nacional aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto con el apoyo de 69 votos a favor, 11 abstenciones y 2 votos en contra. Dicha reforma consistió en otorgar facultades plenipotenciarias al Tribunal Superior de Cuentas – TSC, para realizar auditoría e investigación especial de todos los fondos públicos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados del Congreso Nacional, las ONG, fundaciones, entre otros; limitando el ejercicio de la acción penal pública que la Constitución otorga al Ministerio Público, en virtud de establecer como requisito previo, haber agotado primero la vía administrativa ante el TSC.

Fondo Social Departamental

De acuerdo al Decreto Legislativo n.º 156-2018 se define al Fondo Social Departamental como un programa permanente de proyección social de los diputados en todas las comunidades de sus respectivos departamentos, destinado a la ejecución de programas, proyectos y cualquier ayuda social que impacte positivamente en las condiciones de vida de los habitantes.

Reasignación de fondos para aumento salarial de congresistas

Ante los cuestionamientos de diversos sectores de la sociedad en relación al manejo de los subsidios otorgados a los diputados del Congreso Nacional que eran provenientes del denominado: Fondo de Desarrollo Departamental; mismo que también fue objeto de investigación en los casos denominados: Red de diputados y Arca abierta; es por ello, que desde el Poder Ejecutivo se ordenó a la Secretaría de Finanzas la suspensión de esta partida presupuestaria hasta que se creara una ley que regulara el desembolso de estos fondos.

Por su parte, el 12 de julio de 2018, estando suspendido el Fondo Departamental, los congresistas decidieron reasignar dichos fondos a las partidas de sueldos y salarios del Poder Legislativo; plan que venían gestionando desde el mes de abril de ese mismo año, donde los parlamentarios ya habían acordado dicho aumento salarial tanto para los diputados propietarios como los diputados suplentes.

Reactivación del Fondo Social Departamental, mismo que había sido eliminado para justificar el aumento a sus remuneraciones.

El 8 de noviembre de 2018, los diputados del Congreso Nacional aprobaron la reforma por adición del artículo 81-A al Decreto n.º 363-2013, fechado el 20 de enero de 2014 y contentivo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para «crear» nuevamente el denominado Fondo Social Departamental, advirtiendo que en el futuro una ley especial aprobada por mayoría simple regulará todo lo relacionado a dicho fondo.

Es preocupante la manera en que los diputados han manipulado la función legislativa para generar instrumentos que, de manera sistematizada, únicamente buscan favorecerse a ellos mismos. En enero de ese mismo año, por instrucciones del Poder Ejecutivo, dicho fondo fue suspendido; bajo esa premisa, se aumentaron
desmedidamente el salario para compensar sus actividades de ayuda social. Sin embargo, unos meses después aprobaron la reactivación del cuestionado y abusado Fondo Social Departamental, de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 9 de enero de 2019 mediante el Decreto n.º 156-2018.

Decreto n.º 116-2019, regulación del Fondo Social Departamental

La Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales (mejor conocida como Ley Especial del Fondo Departamental) fue publicada el 18 de octubre de 2019, con el objeto de instrumentalizar los recursos públicos para ser manejados a discrecionalidad por parte de los diputados con la finalidad de crear proselitismo político a través de recursos públicos.

Más allá de ser un mecanismo que permita manejar de manera adecuada los recursos nacionales destinados a proyectos de ayuda social, resultó ser un blindaje legal, ya que dentro de su articulado, esta ley contempla eximir de responsabilidad penal a los diputados que hagan un mal uso de los fondos departamentales, bloqueando futuras investigaciones del Ministerio Público, dado que será el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) quien decida en un plazo de 3 años, si acredita la existencia de responsabilidad civil, administrativa o penal.

Estas declaraciones evidencian que la mayoría de movimientos dentro y fuera del Congreso, por parte de los políticos de turno, repercuten en perjuicio del pueblo hondureño.

En la próxima entrega Gabriela Castellanos se encarga de mostrar y explicar las irregularidades que tienen que ver con la reelección del fiscal Óscar Chinchilla, la “inmunidad parlamentaria” y el tema de la “ley mordaza” entre otros.