Vilma Morales, sicaria financiera
En el año 2010 el Banco de los Trabajadores (hoy BanTrab), una institución bancaria hondureña diseñada originalmente para que los y las trabajadoras fueran sus principales accionistas, atravesaba por dificultades financieras; problemas salvables, el banco tenía suficientes activos para resolverlo 1 . Sin embargo, como buitre al acecho, la mafia dirigida por Juan Orlando Hernández, que en esa época presidía el Congreso Nacional, vio la oportunidad de asaltar la institución para convertirla en una máquina de blanquear dinero sucio.
¿Cómo lo hizo? El Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo 245-2010 (publicado en La Gaceta el 25 de noviembre de 2010) mediante el cual se obliga a Banco de los Trabajadores a someterse a lo establecido en el artículo 5 de la Ley del Sistema Financiero (Decreto 129-2004), aplicable solo a los bancos privados (y por ende inaplicable a este), y no a su Ley especial (Ley del Banco de los Trabajadores). De esa forma se destruyó el carácter de institución pública, convirtiendo a BanTrab en una Sociedad Anónima, arrebatándole así a los trabajadores su poder de decisión exclusivo sobre el banco. Obviamente también incluyó la posibilidad de que “nuevos accionistas” pudieran ingresar con sus capitales a la institución y que su aporte fuera ilimitado.
Como todo lo que se hace en este desgobierno, ese cambio fue, no solo ilegal, sino inconstitucional. Tal modificación no fue solicitada por la Asamblea de Accionistas del banco ni por su Junta Directiva, sino que fue una imposición externa. Por otro lado, según el Articulo 245, numerales 20 y 30 de nuestra Constitución politica, el Poder Ejecutivo es el único facultado para “dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera cuando así lo requiera el internes nacional”; no el Congreso Nacional. Este aspecto no pasó desapercibido por la Fiscalía de Defensa de la Constitución que inició diligencias a solicitud de la Sala de lo Constitucional, antes que JOH la asaltara en 2012. En consecuencia, con Oscar Chinchilla como Fiscal General, se detuvieron todas las diligencias investigativas del caso.
No obstante lo anterior, con fecha 30 de noviembre de 2010, o sea, 5 días después de haberse publicado el Decreto 245-2010 del Congreso Nacional, la Comision Nacional de Bancos y Seguros – CNBS, emitió la Resolución (SB Numero 1922/30-11-2010) que resolvió la liquidación forzosa del banco cancelando su autorización para funcionar. La CNBS, el brazo del Poder Ejecutivo en materia de regulación del sistema financiero, tomó esa decisión extrema, técnicamente injustificada, pero dentro de sus atribuciones. Esta aparente contradicción tenía un propósito siniestro: espantar a los accionistas vigentes para que retiraran sus activos y quedaran sin banco. Como lo denunció Pedro Pablo Varela, accionista afectado “Para que sea más entendible, nos robaron el banco a 150 mil accionistas, que nos tienen en la calle y simularon una quiebra que no existe” (América Latina en Movimiento, 1/6/2012)
Una vez echados a la calle los accionistas originales, en marzo de 2011, la CNBS dirigida por la tristemente célebre sicaria financiera Vilma Morales, como si de amnesia padeciera, emitió un dictamen favorable (Resolución GE 075/13-01-2011) para que la CNBS aprobara un Contrato Societario y Estatutos Sociales, y para que fueran admitidos, fajo sobre fajo y bolsa sobre bolsa, la cantidad de trescientos millones cien mil lempiras (L 300,100,000.00) presentados en un solo dia al banco. La petición fue presentada el 23 de diciembre de 2010 por el abogado Marco Antonio Cano Gómez, en representación de 51 representantes de 49 cooperativas y otras 3 instituciones similares.
La CNBS no solo contradijo su propia resolución de liquidación, sino que aceptó tan descomunal cantidad de dinero dándola por legal y válida, basada tan solo en una simple certificación extendida por el contador de Banco de los Trabajadores, sin investigar su origen y legitimidad, como es su deber.
Con justa razón compatriotas valientes como el Perito Mercantil y Contador Público, José Dolores Valenzuela Gavarrete, interpuso el 8 de mayo de 2013 una denuncia ante el Ministerio Público reclamando se investigue esta operación alevosa y criminal como un acto de lavado de activos para el cual se prestaron varios dirigentes cooperativistas a espaldas de sus agremiados. Suerte que también corrieron otros bancos en el pasado. En 2019 el valiente periodista David Romero denunció que el Banco de los Trabajadores S.A. fue utilizado para lavar dinero en favor de la campaña electoral del Partido Nacional.
Como siempre, el Ministerio Publico hace dormir el sueño de los justos estas denuncias, así como otras similares que el equipo de investigación de EL Perro Amarillo hemos hecho desde septiembre de 2019 a la fecha, especialmente, como reza la denuncia ciudadana, el “concierto de delitos que se cometieron (…) y permitir así, grave incursión en un lavado de activos sin presedentes en la historia de la Patria”.
