CSJ deja en libertad a testaferros de “Los Cachiros”
Apoderados legales y testaferros del Cártel de “Los Cachiros”, Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizzette Salgado y Roberto Arturo Mejía Salgado, fueron absueltos por unanimidad de votos por el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia – CSJ. Los jueces dejaron en libertad a 9 implicados en el caso “Patuca III colusión y corrupción” investigado por la extinta Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción de la Impunidad - UFECIC-MACCIH.
Los tentáculos de corrupción de “Los Cachiros” encontraron en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica – ENEE, el lugar perfecto para lavar dinero proveniente del narcotráfico a través de empresas de construcción y generación de energía. Los agraviadores confesos “Mejía Salgado” (se entregaron voluntariamente en marzo de 2019), estaban acusados de los delitos de fraude y soborno doméstico, al utilizar empresas ficticias que, obviando procedimientos de contratación del Estado, fueron beneficiadas por la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable – UEPER de la ENEE con el contrato millonario para el “Equipamiento de Unidades de Vivienda y Oficinas en el Campamento ENEE del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III”.
La UEPER invitó directamente a las empresas Lutopas, Ergo Limited, Prefabricados de la Madera Sarahí (oficio NºUEPER-224-2012) vinculadas al Cártel de “Los Cachiros” a presentar sus ofertas en el proyecto de equipamiento de vivienda, siendo elegidas únicamente estas empresas relacionadas familiar y comercialmente, mismas que sobrevaloraron en un 149 % los bienes del contrato de suministros, sin realizar la entrega de los productos.
Los tres miembros de la familia Mejía Salgado también fueron acusados de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita, y requeridos en marzo de 2018, por la Agencia Técnica de Investigación Criminal - ATIC, en la “Operación Apolo”, donde se incautó al cártel de “Los Cachiros” 84 bienes, 31 vehículos y 16 empresas mercantiles administradas por los Mejía Salgado y valoradas en más de 500 millones de lempiras.
A pesar de las evidencias que comprueban la defraudación al Estado, en la Honduras remecida por huracanes, los delincuentes gozan de una libertad barata que dispensan oscuros Jueces de bolsillo.
