“Stand by” significa “Atenerse a”, otra traducción del vulgar de google es “Cumplir” ¿A qué debemos atenernos? ¿Qué debemos cumplir? Estos acuerdos de sumisión entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los países con necesidades de financiamiento externo, se han venido firmando en Honduras en momentos “oportunos”, y ofrecen recursos frescos condicionados a reducir gastos fiscales, liberalizar la economía y crear un clima propicio a la libre empresa y la inversión extranjera. Las medidas prácticas más comunes son la eliminación de subsidios a sectores populares, reducción de la inversión y la masa salarial pública, eliminación de exoneraciones a la mayoría de la población, fomento a la privatización de los activos públicos, liberalización de sistemas financieros, flexibilización laboral, y ajustes hasta privatizar la seguridad social.

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por Esteban Vesperoni, estuvo en San Pedro Sula y Tegucigalpa entre el 22 de abril y el 6 de mayo; casualmente los días en que se aprobaron los decretos de transformación y reestructuración del sector salud y educación, que provocaron la respuesta inmediata de los gremios y el pueblo, logrando eliminar los decretos. El acuerdo Stand by recién firmado entre el gobierno de Honduras y el FMI, tras la pertinente visita del Sr. Vesperoni, facilita 311 millones de dólares en dos años con la condición de aplicar la Ley marco del sector eléctrico y poner la situación fiscal de la Compañía Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en una trayectoria sostenible. “Se trata de reformas fundamentales para mejorar el ambiente de negocios e impulsar el crecimiento”, ha dicho el Señor chelito del FMI. El programa tendrá como objetivo ulterior el fortalecimiento de la política monetaria y las instituciones financieras.

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el acuerdo Stand By, mantuvo conversaciones con Juan Hernández, hermano del narcotraficante Tony Hernández (TH); Wilfredo Cerrato, hijo del ex administrador financiero presidencial acusado de 125 delitos de fraude y 125 delitos de malversación de caudales públicos; Rocío Tábora, signataria del "pacto de impunidad" para blindar información sobre el manejo de fondos públicos; Miriam Guzmán, una de las funcionarias mejor pagadas (supera el exorbitante salario mensual de 210 mil lempiras); Marlon Tabora, funcionario de extrema confianza de Hernández y Ethel Deras, signataria de contratos de la empresa PRODERSA propiedad de la organización “Los Cachiros” y celosa protectora de información de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS); y demás funcionarios de alto nivel y representantes del sector privado.

Tal como marca el guion mediático, el FMI comunicó a la prensa tarifada que no ha exigido al gobierno hondureño el despido de empleados en los sectores de Salud y Educación, y que conversó mucho sobre el plan estructural de rescate en el sector eléctrico; que es mucho más estructural, ya que “involucra muchas medidas de los actores relevantes en el sector”. En próxima nota ampliaremos información, estamos intentando traducir “medidas” y “actores relevantes del sector".

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