"ACUERDO STAN BY", EN CATRACHO, "NO HAY CENA GRATIS"
“Stand by” significa “Atenerse a”, otra traducción del vulgar Google es “cumplir”. ¿A qué debemos atenernos? ¿Qué debemos cumplir? Estos acuerdos de sumisión entre el Fondo Monetario Internacional - FMI y países con necesidad de financiamiento externo, ha venido firmando Honduras en momentos “oportunos”. Estos acuerdos ofrecen recursos frescos condicionados a reducir gastos fiscales, liberalizar la economía y crear un clima propicio a la libre empresa y la inversión extranjera. Las medidas prácticas más comunes son la eliminación de subsidios a sectores populares, reducción de inversión y masa salarial pública, exoneración a la mayoría de la población, fomento a la privatización de los activos públicos, liberalización de sistemas financieros, flexibilización laboral, y ajustes hasta privatizar la seguridad social.
Una misión del FMI encabezada por Esteban Vesperoni, estuvo en San Pedro Sula y Tegucigalpa entre el 22 de abril y el 6 de mayo; casualmente los días en que se aprobaron los decretos de transformación y reestructuración del sector salud y educación, que provocaron la respuesta inmediata de los gremios y el pueblo, logrando eliminar los decretos. El acuerdo Stand by recién firmado entre el gobierno de Honduras y el FMI, tras la pertinente visita del Sr. Vesperoni, facilita 311 millones de dólares en dos años con la condición de aplicar la Ley marco del sector eléctrico y poner la situación fiscal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica - ENEE en una trayectoria sostenible. “Se trata de reformas fundamentales para mejorar el ambiente de negocios e impulsar el crecimiento”, ha dicho el señor chelito del FMI. El programa tendrá como objetivo ulterior el fortalecimiento de la política monetaria y las instituciones financieras.
La misión del FMI para el acuerdo Stand By, mantuvo conversaciones con Juan Hernández, hermano del narcotraficante Tony Hernández ; Wilfredo Cerrato, hijo del ex administrador financiero presidencial acusado de 125 delitos de fraude y malversación de caudales públicos; Rocío Tabora, signataria del "pacto de impunidad" para blindar información sobre el manejo de fondos públicos; Miriam Guzmán, una de las funcionarias mejor pagadas (supera el exorbitante salario mensual de 210 mil lempiras); Marlon Tabora, funcionario de extrema confianza de Hernández y Ethel Deras, signataria de contratos de la empresa PRODERSA propiedad de la organización “Los Cachiros” y celosa protectora de información de la Comisión Nacional de Banca y Seguros - CNBS; y demás funcionarios de alto nivel y representantes del sector privado.
Tal como marca el guion mediático, el FMI comunicó a la prensa tarifada que no ha exigido al gobierno hondureño el despido de empleados en los sectores de salud y educación, y que conversó mucho sobre el plan estructural de rescate en el sector eléctrico; que es mucho más estructural, ya que “involucra muchas medidas de los actores relevantes en el sector”. En próxima nota ampliaremos información, estamos intentando traducir “medidas” y “actores relevantes del sector".
