¡HURRA PUEBLO!: DECLARAN INCONSTITUCIONAL LEY MARCO DE PROTECCIÓN SOCIAL
La famosa Ley Marco de Protección Social – LMDPS, que privatiza la salud y los servicios de protección social que debe garantizar el Estado, ha sido declarada inconstitucional. Ayer, la Sala de lo Constitucional hizo público el fallo contra la LMDPS por violentar 36 artículos de la Constitución de la República, la mayoría relacionados con los derechos fundamentales de la población hondureña.
La resolución es una victoria para el pueblo que, junto al Colegio Médico de Honduras, encabezado por la doctora Suyapa Figueroa, emprendió, desde 2016, una lucha en alianza con diferentes sectores, y a través de diversos medios: foros, peticiones, denuncia ante la MACCIH (1), asambleas gremiales, y las calles, para detener el proceso de privatización de la salud, propiciado por la Narco-dictadura del extraditable Juan Orlando Hernández.
A pesar que, en 2013, el Estado de Honduras se comprometió con el gremio médico para abastecer de medicamentos e insumos a los hospitales públicos y unidades de salud, a pagar salarios adeudados a médicos permanentes, y a no privatizar la salud por ningún motivo, el gobierno de Hernández aprobó la ley marco en 2015. El Proceso para la aprobación daba 18 meses para aprobar otras cuatro leyes secundarias que comprometían la salud, educación y fondos de previsión social con la banca y empresa privada, venciendo este en 2019.
Este equipo de investigación descubrió que el fallo de inconstitucionalidad que hoy celebra el pueblo, se dio hace dos años, el 19 de junio de 2019, sin embargo, fue engavetado por el Poder Judicial en manos del Juanorlandismo. Nos comunicamos con la Dra. Figueroa, ahora diputada y presidente de la Comisión de Salud del Congreso, quien nos aclaró que: “A pesar que la abogada Ana Pineda, en representación del CMH, presentó dos recursos de pronto despacho contra la ley, nunca le dieron una respuesta. Hubo una clara intencionalidad del PJ para retener la resolución. Hasta pensaría que los PCM los hicieron para contrarrestar esa resolución y seguir con el plan de privatización”.
