LA PESADILLA DE 200 FAMILIAS
En plena crisis sanitaria causada por el Covid-19, la empresa Impulsadora del Norte S.A. de C.V. - IMPULSA, violó los derechos laborales de sus empleados al suspenderlos por más de un año, sin previo aviso y sin goce de sueldo.
El 16 de marzo de 2020, comenzó la tragedia bajo el amparo de medidas de ajuste por la pandemia, y se prorrogó de forma irregular cada tres meses hasta octubre de ese año, dejando sin ingresos hasta el día de hoy a "más de 200 empleados en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba” denunció uno de los trabajadores afectados de IMPULSA, al equipo de investigación de El Perro Amarillo.
La pesadilla se extendió a otros trabajadores; la empresa continuó en operación, denunció uno de los afectados: “contrataron empleados por hora y más bien ahora les deben a ellos también y eso que la empresa ha tenido ganancias durante la pandemia”.
Ante la descarada violación a sus derechos, un grupo de empleados afectados por IMPULSA, acudieron al Ministerio de Trabajo, sin embargo, “la abogada que lleva el caso ni siquiera nos responde” concluyó uno de los denuncinates. En la nota de oposición a la suspención de labores, los trabajadores exigen el pago de los meses que llevan suspendidos, y evidencian que las suspensiones aprobadas por el poder legislativo, en el contexto de la pandemia, son de 4 a 6 meses, y ellos llevan más de un año sin trabajo y sin ingreso familiar.
Entre los socios de IMPULSA, el equipo de investigación de El Perro Amarillo, encontró a José Faustino Laínez y Robert Vinelli, quienes además son socios y miembros de la junta directiva de Banco Atlántida, entidad financiera de Guillermo Bueso denunciada en reiterados actos de corrupción por este medio de comunicación.
