Bajo el argumento que al sanear el padrón electoral se evitará que los muertos voten, el gobierno hondureño adquirió una millonaria deuda con la cooperación internacional para financiar la nueva tarjeta de identidad. Según la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP) el proyecto costará unos 71 millones de dólares, con ese monto podrían construirse viviendas para más de 2,500 familias, por hablar de una auténtica prioridad para el Pueblo.

El proyecto para la nueva identidad ya se hizo de $ 87 millones de dólares, financiados por la cooperación, superando en $16 millones lo solicitado por la junta interventora del RNP, ¿Cuál es el destino del excedente? Por otro lado, los fondos serán administrados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PDNU) bajo la figura del fideicomiso, un mecanismo que ha facilitado millonarios actos de corrupción.

Ningún partido político se ha opuesto al proyecto, asegurando que esto disminuirá las posibilidades de otro fraude electoral. Sin embargo, garantizar una democracia participativa no se fundamenta en elecciones donde los muertos “no voten”, es necesario devolver al ciudadano su autonomía para decidir quiénes lo van a gobernar. Si de muertos se trata, el régimen debe aplicar la justicia en los casos aún impunes de víctimas mortales del fraude electoral de 2017; esa sería una diferencia en favor del Pueblo.

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