Cuatro jóvenes murieron en una guerra dolorosa, injustificada y sin sentido durante los actos violentos en las afueras del Estadio Nacional Tiburcio Carías, donde estaba programado el clásico del fútbol capitalino, Olimpia-Motagua. El lamentable hecho mantiene conmocionado al pueblo hondureño. Sin embargo, además de superar el dolor, es necesario analizar los detalles que podrían evidenciar el involucramiento de los empresarios del deporte y de la Policía Nacional (PN), en el sospechoso performance de muerte que evidencia la decadencia del Narco-Estado.

Algunos de los hechos ocurridos hacen pensar que la violencia en el estadio podría ser provocada para distraer a la población sobre los señalamientos de la Corte de Nueva York que vinculan a Juan Hernández con el narcotráfico. Para comenzar, los asistentes al evento de fútbol concuerdan en que no había cordones de seguridad al momento que los aficionados ingresaban al estadio. Asimismo, es sospechoso el cambio repentino de ruta que tomó la Policía para movilizar el autobús de los jugadores del Motagua, llevándolo directo hacia la afición contraria y donde comenzó el ataque. La barra Ultrafiel se desmarca y aseguran no ser ellos quienes atacaron al bus del equipo contrario bajo el argumento que sus miembros habían ingresado al estadio con dos horas y media de anticipación, luego que las autoridades les cambiaron su lugar habitual. Lo más grave y sospechoso es que, pese a que existen cámaras de vigilancia en las cercanías del estadio, las autoridades aún no develan el registro de las mismas.

Es insólito que la policía, que mantiene un operativo de seguridad en cada partido, no se hiciera presente ni actuara cuando mataron a los cuatro jóvenes, y ahora ofrece una recompensa monetaria para dar con los responsables del hecho. Por su parte, los empresarios del fútbol se refieren al triste suceso en frívolos comunicados y condenan a las víctimas de su espectáculo de muerte, sin asumir la responsabilidad; obviando que son ellos los propietarios, los empresarios, los representantes legales, es decir, quienes deben responder ante la justicia.

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