AGOSTO 6, 2020

“En redes sociales hay un personaje que no vale la pena ni que diga quién es, que todos los días me insulta con palabras soeces, dio mi número telefónico, invadió mi privacidad y todo con documentación falsa, todo mal documentado, mal intencionado”, afirmó la diputada Nacionalista, Waleska Zelaya, refiriéndose a Milton Benítez y el equipo de El Perro Amarillo - EPA. La transpiración y las lágrimas de la congresista no pueden ocultar los contratos otorgados por el Estado a su empresa Grupo de Gestión y Tecnología – GyT, propiedad que comparte con su esposo Juan José Lagos. Según consta en documentos publicados por EPA, Waleska Zelaya es socia fundadora de GyT, y fungió como tesorera entre 2012 y 2018, antes de iniciar su período en el Congreso Nacional.

La Ley Marco de Contratación del Estado, en su artículo 15, inciso 7, especifica que no pueden contratar con la administración pública “compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios... o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco”. Contrario a la ley, en febrero de 2018, Juan José Lagos continuó siendo un proveedor predilecto del Estado, relación que inició en 2015, cuando la empresa GyT resultó favorecida con contratos millonarios por servicios de seguridad, equipo tecnológico y fabricación de documentos, según informe de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras – ONCAE.

Cuando salía del interrogatorio a cargo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal – ATIC, cuestionada por la periodista Whitney Godoy (EPA), Waleska Zelaya reparó; “mi esposo se dedica a sus actividades en la empresa de él y yo a las mías” contradiciendo lo que sostuvo el pasado 30 de julio, en el Noticiero Hoy Mismo: "déjenme aclarar que esa empresa (GyT)) ya no es propiedad de mi esposo. No soy dueña y nunca he sido socia”. Abatida, con el micrófono de EPA apuntando a su máscara, Waleska Zelaya concluyó “si me llegara a pasar algo a mí o a cualquiera de mi familia, el responsable sería esa persona (Milton Benítez)”. Lo evidente en este caso, es el delito de tráfico de influencias cometido por Waleska Zelaya, agravado por exponer vidas humanas de ciudadanos que no han recibido las mascarillas KN95, por las que Inversiones Estratégicas de Honduras - Invest-H pagó más de 17 millones de lempiras del pueblo.

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