Banco Atlántida, cual alicrejo

Banco Atlántida, entidad financiera hondureña presidida por Guillermo Bueso, extiende nuevamente sus alas de animal carroñero. Esta vez ha logrado ensartar sus garras para hacerse de un megaproyecto de 14 represas valorado en 1,500 millones de dólares. La trampa administrativa se repite: un fideicomiso, aprobado mediante decreto ejecutivo de emergencia (PCM-138-2020), introducido por Juan Hernández, el hombre que ocupa la presidencia de Honduras de forma ilegal e ilegítima.

El PCM, aprobado el pasado 21 de diciembre de 2020, entrega a Banco Atlántida la responsabilidad de “todos los actos necesarios para la estructuración técnica y financiera, adjudicación, construcción y operación” del megaproyecto hidroeléctrico y, para alzar vuelo, el decreto ejecutivo requiere la aprobación de un proyecto de ley por parte del Congreso Nacional – CN.

El diputado del partido Innovación y Unidad - PINU, Luis Redondo, conversó con el equipo de investigación de El Perro Amarillo sobre el proceso para la aprobación del PCM y la amenaza para Honduras, en caso que sea aprobado: “este PCM en específico necesita que el CN apruebe un borrador de dictamen que están haciendo, y que paramos oportunamente. Están dando poder a estos grupos que ya van de salida”. El dicamen también autoriza la expropiación de bienes de todas las zonas en las que se construirán las represas, comenta el diputado.

La acrobacia legislativa requiere reformar el “Contrato de fideicomiso para la generación de energía, mediante la constitución de una alianza público-privada suscrita entre la República de Honduras, actuando a través de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y Banco Atlántida”.

La bancada del PINU, mediante un comunicado, denunció y alertó las oscuras intenciones detrás del dictamen pendiente: “la violación a los derechos de los pueblos originarios, del convenio 169 de la OIT para que se realicen consultas previas e informadas, y la violación a los convenios internacionales sobre el uso sostenible de los recursos naturales” El pronunciamiento también señala violación a las leyes que regulan las compras y contrataciones del Estado, la privatización de la energía y la emisión de bonos internacionales sobre el agua “para que cotice en la bolsa internacional, generando un beneficio para muy pocos y restringiendo el acceso del agua al pueblo.

El comunicado concluye con una advertencia dirigida a los bancos que “carecen de seguridad jurídica y comprometen los fondos del pueblo y de la nación” Este es uno de tantos fideicomisos para morder al Estado y entregar el país en bandeja de plata a banqueros, zopilotes y empresarios. Los alicrejos financieros aprendieron a sobrevolar la ley, montados en decretos especiales. Así consiguen destrozar y devorar, presos de sus hábitos alimenticios.

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