Piden juicio político a narco-dictador hondureño
“Se interpone formal denuncia para la realización de juicio político para el titular del poder ejecutivo Juan Orlando Hernández, por actuaciones contrarias a la Constitución de la República, estar vinculado en múltiples juicios de narcotraficantes que se realizan en Estados Unidos (…) y su manifiesta negligencia, incapacidad e incompetencia para el desempeño del cargo que ilegalmente ostenta.” Es la contundente introducción de un documento que pasará a la historia en Honduras.
La denuncia, dirigida al secretario general del Congreso Nacional, suscrita por los diputados Luis Rolando Redondo Guifarro, Jorge Luis Cálix Espinal y David Armando Reyes Osorto, describe en 29 páginas los detalles que respaldan la solicitud de aplicar los procedimientos constitucionales para seguirle juicio político al titular del poder ejecutivo.
Ahondando en detalles, el documento explica que el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado fue declarado Presidente de la República por el Tribunal Supremo Electoral - TSE, para el actual periodo 2018-2022, a pesar de que el referido ciudadano tiene una prohibición expresa en la Constitución de la República en su artículo 239, por haber fungido dicho cargo durante el periodo anterior, 2014-2018. La maniobra fue una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (controlada con jueces impuestos por Hernández) que transigió alterar un artículo pétreo (que no puede ser reformado) y cuya desobediencia constituye delito de traición a la patria que, simplemente, no prescribe.
Un bloque extenso del documento utiliza el marco legal de la Comisión de Venecia, para exponer que “el Presidente no puede exigir sus derechos políticos en contra de la Constitución” para demostrar que la sentencia que habilita la reelección es ilegal e ilegítima.
Sin importar lo anterior, aclara el texto, el Tribunal Supremo Electoral permitió la participación ilegal de Hernández Alvardo y lo declaró vencedor tras un proceso electoral fraudulento (según la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos – OEA), por lo que la OEA recomendó nuevas elecciones. Sin embargo Hernández fue juramentado por el Congreso Nacional, para el mandato en curso, que concluirá en 2022.
En un estado sin ley, “son posibles los saqueos inmisericordes de los fondos públicos”. La denuncia trae a la memoria el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social, los saqueos a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el Instituto de Jubilaciones y Pensiones, y la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Además, refiere actos recientes que subrayan el carácter necrófilo de la dictadura de Hernández, quien ha continuado saqueando al Estado con el pretexto de combatir la Pandemia del Covid-19. Basta con recordar las vulgares estafas de la Comisión Permanente de Contingencias, y de los hospitales móviles comprados por Inversión Estratégica de Honduras – InvestH.
Durante los últimos años del régimen de Hernández, la ciudadanía hondureña ha conocido, a través de las investigaciones del equipo de El Perro Amarillo y otros medios disidentes, que los fondos sustraídos ilegalmente de instituciones públicas han servido para financiar tres campañas electorales de Hernández Alvarado y su camarilla del Partido Nacional.
La denuncia de los diputados enumera otros ilícitos y violaciones a la Constitución: participación inconstitucional de Hernández como candidato a diputado en 2005, siendo pariente de una Magistrada de la Corte Suprema de Justicia; promotor y ejecutor del Golpe de Estado que defenestró a Manuel Zelaya Rosales en 2009; la destitución ilegal de cuatro Magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012; la destitución ilegal del Fiscal General en 2013; y, por supuesto, los fraudes a Xiomara Castro en 2013, y a la Alianza de Oposición en 2017. Este último, según la ONU, dejó al menos 30 víctimas mortales tras una inédita jornada represiva de Hernández para acallar la protesta post fraude electoral.
Sin dejar por fuera el famoso “Caso Pandora incoado por la UFECIC- MACCIH (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras)”, el compendio de razones para fundamentar la petición de juicio político a Hernández, incluye “la aprobación de innumerables leyes que atentan contra los intereses del pueblo”, y contratos del Estado con Los Cachiros (dedicados al narcotráfico hacia Estados Unidos desde los años 90), para financiar su campaña, “según testimonios rendidos por los criminales en las cortes de Nueva York”.
El día de ayer salió de Honduras una tercera caravana de migrantes, expresión dolorosa del éxodo permanente de hondureños desempleados, amenzados, empobrecidos, expulsados por el régimen, un argumento también desarrollado en la petición que califica el escenario de “crisis humanitaria sin precedentes“, seguida de los huracanes ETA e IOTA, que empeoraron la situación.
La denuncia incluye una lista impresionante de sobornos pagados por narcotraficantes, un inventario detallado de extradiciones que falsamente se adjudica el régimen de Hernández, y detalles de negociaciones para la protección de los narcotraficantes. “Yankel Rosenthal admitió que Juan Orlando Hernández le reveló aspectos de la investigación por narcotráfico en la que lo acusaban a él y a miembros de su familia” En otro caso se menciona tácitamente que los narcos reciben “protección de los líderes del Partido Nacional y el ejército hondureño”, y para rematar se menciona al famoso Chapo Guzmán quien “dio un millón de dólares para la campaña de Juan Orlando Hernández a cambio de protección e información muy importante de los militares y soporte para los narco laboratorios con proximidad a Puerto Cortés”.
Inoperante, negligente, incapaz, incompetente, falso, ilegal, traidor a la patria saqueador, ilegítimo, narcotraficante, asesino. Sobran los epítetos y la evidencia. La petición de juicio político es un paso más sobre el camino sin retorno del dictador hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado, alias JOH.
