EN MANOS DE DIPUTADOS UNA ENEE DEL PUEBLO: NO MÁS EEH, ODS Y CREE

“Ante la grave crisis en la que recibimos la ENEE, nos planteamos dos alternativas: salvar la ENEE como empresa pública, o continuar hacia el abismo de la bancarrota y la quiebra, para justificar su privatización”, enfatizó la Presidente Xiomara Castro, sobre el proyecto ejecutivo que contiene la “Ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social”, enviada al Congreso Nacional el pasado 25 de abril.

El objetivo toral de la ley es salvar la ENEE y evitar que pierda un millón de lempiras por hora en corrupción. Entre los puntos más sustanciales, la ley autoriza la renegociación de los contratos de generación de energía. Es vital que el gobierno se enfoque con prioridad en los grupos empresariales que representan el 50% del monto pagado a generadores, Grupo Terra de Fredy Nasser, Grupo Lufussa de Schucry Kafie y Electric Solar de los Larach. Además, la nueva ley especial, autoriza a la ENEE a comprar plantas generadoras de energía fijando una indemnización a los inversionistas.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica – ENEE ha estado en manos privadas durante décadas, con base en contratos leoninos y fideicomisos para la generación y distribución de energía, y a través de consorcios para la recuperación de pérdidas. Durante los últimos doce años, el Narco-Estado garantizó la erosión financiera de la ENEE, que hoy representa una deuda de 75 mil millones de lempiras, equivalente al 60% del total de ingresos anuales de la caja del gobierno.

El Estado paga más de mil millones de lempiras mensuales a los generadores, otorga beneficios fiscales a esos mismos térmicos por 24 mil millones, y todavía les adeuda otros 14 mil millones. Además, paga 10 mil millones de dólares mensuales en concepto de honorarios a la Empresa de Energía Honduras – EEH, el último consorcio contratado para la recuperación de pérdidas que, lejos de reducir la mora de la estatal eléctrica, la ha duplicado.

Sin duda, este decreto ejecutivo de la Presidente Xiomara Castro, es una de las decisiones más punzantes de su mandato. La ley deroga el contrato de fideicomiso (decreto legislativo 373-2013) que entregó a Banco Atlántida, de Guillermo Bueso, la administración de 14 sub cuencas de ríos para la construcción y generación de energía. Un acuerdo lesivo de las finanzas del Estado y de la ENEE.

Otro de los aspectos contundentes de la ley es la cancelación del Organismo Operador del Sistema – ODS, una ONG integrada claramente para favorecer al sector privado, que cuenta con cuatro miembros, que “debaten” con un solo representante del sector público. El ODS se encarga nada menos que de establecer los precios de compra de la energía en el mercado de oportunidades, selecciona las empresas que suministran y determina el tiempo en que se despacha cada energía. La nueva ley ordena a la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, cancelar o anular el contrato con el ODS, y devolver las instalaciones y el equipo que es propiedad de la ENEE.

Esta ley especial para garantizar el servicio de la energía, se atreve a dar un paso negado al pueblo durante años, y solicita la presentación de una denuncia formal contra EEH ante el Ministerio Público, con la finalidad de investigar todo el proceso de negociaciones antes y después de la adjudicación del contrato. Es importante destacar que actualmente la EEH está en manos de William Vélez Sierra, paramilitar colombiano, y de Miguel Aguilar, ex presidente del Sindicato de Trabajadores de la ENEE, condenado a once años de prisión por apropiación indebida.

Finalmente, el proyecto ejecutivo contempla importantes cambios a la Ley General de Industria Eléctrica, y modifica los requisitos para integrar la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica – CREE, otro mecanismo para el control del servicio por parte de los mismos generadores térmicos.

Los diputados del Congreso Nacional de Honduras leyeron, el día de hoy, el texto de este histórico proyecto ejecutivo, que será debatido en una próxima sesión. El pueblo está alerta. Depende de los congresistas recuperar la ENEE para garantizar la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano.