La opción religiosa

La opción religiosa es un derecho ciudadano garantizado en la Constitución de la República para velar porque todos podamos optar por una, otra o ninguna religión. Pertenece al mundo PRIVADO, a diferencia del Estado que pertenece al ámbito PÚBLICO. Es obligación del Estado (en abstracto) y del gobierno (en concreto) mantener su independencia de una religión (de su iglesia y conductores) para asegurar la existencia y libertad de todas las otras religiones, de ahí el principio de laicidad del Estado.

Un gobierno funciona con el dinero que pagamos todos por concepto de impuestos y con los préstamos que se contratan por los cuales todos nosotros pagamos el capital y los respectivos intereses. De ahí que NINGÚN líder religioso tenga derecho a recibir recursos que son de todos, incluidos los que profesan otras religiones o ninguna, provenientes de dinero público. Y esto va con el presidente de la república, el presidente del Congreso Nacional, un alcalde, un ministro o cualquier otro funcionario del Estado. Es más: cuando un ciudadano se convierte en político y luego en funcionario o empleado del Estado, pasa a representar los intereses de TODA la ciudadanía, más allá de su partido, su iglesia, su organización social o su familia. No puede pensar que al llegar a asumir un puesto público debe beneficiar a las organizaciones privadas a las que pertenece porque entra al terreno de lo público. En el momento en que se desdibuja la línea que separa lo público de lo privado los efectos suelen ser muy negativos, incluyendo el ámbito de las preferencias religiosas.

Todas las iglesias tienen derecho a existir en igualdad de condiciones en el ámbito privado. Su existencia y subsistencia depende de los aportes que, de forma voluntaria, dan sus fieles, y eso es así aunque haya algunos líderes que ven su ejercicio religioso como un NEGOCIO y una forma de financiarse una vida de lujos (mansiones, autos, aviones, helicópteros, ropa, viajes) que choca con la situación económica de su feligresía a la cual convencen de que entre más dinero aporte, más seguro tendrá su lugar después de la muerte.

Si una iglesia que recibe tanto de sus seguidores no es capaz de asegurar su subsistencia y la de sus pastores en casos de pandemia, es un problema de esa iglesia y no un problema de los contribuyentes que no pueden ver con buenos ojos que sus impuestos sirvan para financiar a los líderes religiosos de la simpatía de un gobernante o funcionario y que, además, pertenecen a una iglesia que podría no ser la suya. De ahí que para evitar esas preferencias particulares de mandatarios para distribuir dinero que no es el suyo, es importante eliminar esas prácticas que sólo pueden conducir a asegurar una desigualdad, un desbalance y un favoritismo que va contra la razón de ser del Estado.

La situación se complica cuando un dirigente político acude a líderes religiosos para asegurar su legitimidad ante la ciudadanía, en particular cuando es fuertemente cuestionado por corrupción, vínculos con el narcotráfico, ineficiencia, incapacidad o pretensiones de continuar ejerciendo un cargo aunque la Constitución lo prohíba. En ese momento los líderes religiosos pierden su autonomía, comprometen a su iglesia y manipulan a su feligresía para garantizarle al mandatario la legitimidad que ha perdido. Es entonces cuando estos líderes comienzan a ver su actividad religiosa como un negocio y tarde o temprano pasan la factura: partidas especiales, financiamiento de actividades, nombramiento en puestos importantes, colocación de familiares en empleos bien pagados dentro o fuera del país. Es aquí donde las iglesias terminan convirtiéndose en empresas cuya finalidad es el lucro: su reino deja de ser espiritual para convertirse en terrenal, y de la forma más vil y prosaica.

Por ello y considerando la deformación de la condición laica del Estado promovida por este gobernante, los conductores de otros poderes del Estado y el mismo partido gobernante en los últimos doce o trece años, es importante rescatar la separación entre Estado y religión, reivindicando lo público y respetando lo privado como espacio al que pertenecen las iglesias, aunque algunos líderes religiosos y políticos las acomoden en el espacio político para lucro exclusivo de ellos y de sus familias... Definitivamente este es otro desafío para los planes de gobierno de las distintas opciones políticas que entrarán a competir en el próximo proceso electoral y ahí podremos valorar su condición progresista y respetuosa de la Constitución o su condición retardataria, conservadora e irrespetuosa de la ley y del derecho de toda la ciudadanía a optar por la opción religiosa que le venga en gana, o por ninguna...

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