Malversar fondos públicos, trastrocar leyes o brindar contratos a narcotraficantes, forma parte de los numerosos actos de corrupción realizados por los diputados desde el Congreso Nacional (CN); de los que pretenden blindarse aprobando dos nuevas figuras que fortalecen la impunidad en el país: La reforma por adición a la ley orgánica del CN, presentada por miembros del Partido Nacional y aprobada junto al Partido Liberal, y Alianza Patriótica, que establece que ninguna acción desarrollada durante la función legislativa acarreará algún tipo de responsabilidad penal, civil o administrativa a los diputados y diputadas. Además, para sostener el grado de corrupción dentro de CN, también aprobaron la Ley para la liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos, mediante la cual los diputados podrán evitar ser acusados penalmente y liquidar ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), un ente que ellos mismos eligen.

La lista de los diputados señalados en actos ilícitos la encabeza el presidente del Poder Legislativo, quien además de contratar a Roberto Mejía Salgado (apoderado legal de Los Cachiros), detuvo una investigación por malversación de fondos públicos. Mientras, los diputados nacionalistas Sara Medina y Antonio Rivera fueron señalados por falsificación de documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno. El secretario del Congreso, Tomas Zambrano, junto con Gladis Aurora López, destinaron fondos a ONG´S denunciadas por actos de corrupción. Otros congresistas como Juan Carlos Valenzuela, Gustavo Alberto Pérez, la inefable Welsy Milena Vásquez, Milton Puerto Oseguera y Elvin Santos, enfrentan procesos judiciales por casos de corrupción como Pandora, Arca Abierta y Red de Diputados.

Más de 70 líneas de investigación en curso, bajo la responsabilidad de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), señaló Luis Javier Santos, jefe de esa unidad, quedarán paralizadas hasta que el TSC disponga si hay responsabilidad o no.

La impunidad impera para algunos, mientras los recursos de inversión pública necesarios para atenciones en salud, entrega de medicamentos, cirugías, merienda escolar, escuelas, educación, son saqueados de las instituciones para financiar fraudulentas campañas electorales. Estas reformas, vienen a fortalecer el nuevo Código Penal que entrará en vigencia las próximas semanas, y cómo es sabido, este código disminuye con descaro las penas a narcos y Corruptos.

Todo ello, arropado bajo el manto de una violencia generalizada, que llega hasta los denominados centros penitenciarios de alta seguridad.

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