A EURODIPUTADOS LES FALTAN LOS OVARIOS DE BERTA

Hace cinco años, el asesinato de la luchadora social hondureña Berta Cáceres nos dejó perplejos. El crimen brutal de la compañera (aún impune), y la necesidad de justicia, se clavaron para siempre en nuestros corazones. El mundo reaccionó indignado. Sí, en decenas de idiomas se continúa escribiendo su nombre para exigir juicio y castigo. “¡Es nuestro derecho!”, como ha dicho Víctor Fernández, el abogado de la Causa Berta Cáceres.

Ocho gatilleros guardan prisión por el asesinato de Berta, pero quienes ordenaron atravesar su cuerpo con el acero están leyendo esta nota en la comodidad de sus lujosas mansiones. Son banqueros, y ya tienen a su chivo expiatorio en prisión: se llama David Castillo. Hace dos días concluyó el juicio contra este militar, hasta el momento el único acusado como autor intelectual. David Castillo es socio de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. – DESA, constructora de la hidroeléctrica Agua Zarca, el proyecto ilegal que mató a Berta. En este preciso instante un puñado de mujeres y hombres aguardan en el Campamento Feminista Viva Berta, montado desde el 5 de mayo en la comunidad lenca de Río Blanco, a la espera de la postergada deliberación de los jueces.

Hay otro grupo, al menos expectante, allá en Europa. Desde el otro lado del charco, hace apenas dos días, 60 diputados del Parlamento Europeo instaron, a través de una carta dirigida Juan Hernández, al Ministerio Público – MP, y a otras instituciones corruptas de Honduras “a tomar medidas rápidas y concretas para actuar en su investigación, aprehender y procesar a todos los sospechosos del asesinato de Berta Cáceres”.

Berta no dijo “sospechosos”… ¡Ella gritó Camilo Atala!, por eso la mataron. “Todos los sospechosos” ¿es la máxima expresión de las pruebas contundentes en manos de los parlamentarios de la Unión Europea? (algunas aportadas por este equipo de investigación). “Sospechosos” ¿es la expresión superior de la indignación de los señores que suscriben la carta?

Duele tanto la muerte de Berta, que ofende que los europarlamentarios se dirijan con el tratamiento “Excelencias” a cinco funcionarios públicos que han blindado con secretividad y corrupción a los autores intelectuales de su asesinato. Es tarea urgente, desde una sana crítica al eurocentrismo, encontrar la palabra adecuada para dirigirse con “diplomacia” a los funcionarios corruptos de los países de la periferia, so pena (obvia) de invalidar la totalidad de la misiva en cuestión.

Berta Cáceres no dijo “directores de DESA”, a ella la mataron porque pronunció, una y otra vez, los nombres y apellidos de esos funcionarios y empresarios, hoy omitidos en la carta de los eurodiputados: Rigoberto Cuellar, quien firmó la licencia ambiental irregular del proyecto de muerte; Jacobo Nicolás Atala Zablah, su hermano Pedro Atala Zablah y su tio José Eduardo Atala Zablah (hermano de Camilo Atala) también socios de DESA; y Daniel Atala Midence, hijo de José Eduardo y Gerente financiero de DESA.

Berta Zúniga Cáceres, hija de Berta y actual coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH y la familia de Berta, llevan años exigiendo que se investigue a los bancos que prestaron dólares al proyecto y dieron la espalda a las denuncias de Berta. Ellas y el pueblo no saben de “diplomacia” y escriben los nombres en paredes, en pancartas, en comunicados. ¡Juicio y castigo para Banco FICOHSA y Banco Atlántida!, ¡Juicio y castigo para el Banco Centroamericano de Integración Económica - BCIE!, ¡Juicio y castigo para el Banco Holandés FMO! Es imperioso sentar un precedente, que los bancos se hagan responsables de las muertes vinculadas a sus decisiones.

No es casualidad que los tres funcionarios de la Misión contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras – MACCIH-OEA, que asumieron el caso de Berta Cáceres (desde la perspectiva de la corrupción), y denunciaron el pacto de impunidad entre Luis Almagro y Juan Hernández, fueran expulsados de Honduras con trampa. Recordemos que justo en esos días (febrero de 2018) la MACCIH trajo a Honduras a la abogada internacional Almudena Bernabeu, quien debió dejar inconcluso su trabajo, pero entregó a este equipo de investigación el informe preliminar.

En las 21 páginas del documento, respaldado por The Guernica Group (de abril de 2018), se menciona a los Atala en dos párrafos: “resulta innegable la conexión íntima que tiene DESA con el gobierno. El secretario de DESA, Roberto Pacheco Reyes, fue ministro de gobernación y justicia del Gobierno de Honduras. Además, el primo de Jacobo Nicolás Atala Zablah, es Camilo Atala, ex ministro de gobierno y propietario del banco FICOHSA que está siendo investigado por blanqueo de dinero.” Más adelante, al referirse a las instituciones financieras, el documento señala: “DESA tenía una relación especial con el Banco Centroamericano, puesto que el ex director por Honduras era José Eduardo Atala ex ministro de gobierno. Cuanto más se investiga el caso, más se destaca la participación y relación de DESA, las entidades financieras y el gobierno entre sí”.

Si el informe es poco, en las conversaciones mostradas como evidencia durante el juicio de David Castillo, los jueces escucharon la voz de Jacobo Atala en una conversación telefónica con Castillo, luego de la captura de Sergio Rodríguez (ex empleado de DESA condenado por el asesinato en 2018). La llamada evidencia que además del Banco Holandés FMO, Banco FICOHSA invirtió en el proyecto Agua Zarca.

¡Cómo no escribir sus nombres! Si en las conversaciones telefónicas presentadas como prueba en el juicio de David Castillo, se menciona que Julián Pacheco Tinoco, Ministro de Seguridad, le aseguró a Pedro Atala Zablah que el asesinato de Berta sería catalogado como un “lío de faldas” haciendo referencia a un crimen pasional. ¡Cómo no señalarlos en la carta! si, gracias a la lucha incansable del COPINH y el grupo legal, el empresario Daniel Atala Midence fue llamado como testigo durante el juicio de Castillo. Atala Midence se abstuvo de declarar porque temía incriminarse, y fue excusado por el Ministerio Público bajo el argumento de que no mediaba requerimiento fiscal.

No dudamos de la buena intención de los parlamentarios europeos. Los argumentos vertidos en su carta son contundentes. Sin embargo, les falta, a estas alturas, escribir los nombres, esos mismos que están gritando en este momento nuestros compatriotas en Río Blanco, convocados por el COPINH, OFRANEH (2) y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Desde el campamento nos cuentan: “Nos hemos venido rotando para garantizar presencia permanente. Hay olla común, se duerme en champitas o tiendas de campaña. Se instalaron inodoros portátiles y se improvisaron también espacios para bañarse. Platicamos, cantamos, gritamos ¡Faltan los Atala!”

Berta vivió en carne propia las expresiones de esa paradoja: “Allá tienen bancos de datos de los pueblos indígenas para estudiar porqué después de 500 años pasamos todavía guerreando en este planeta. Es un gran debate que tenemos que dar, y el reto mayor es de los movimientos sociales que luchamos por un país y a un mundo distinto”.