Condena de universitarios: otra ofensiva del Narco-Estado
El Narco-Estado, a través del Poder Judicial, en horas de la noche del 1 de septiembre, condenó a Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés Cáceres, mediante un fallo del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por el delito de detención ilegal de bienes públicos. Julieta Castellanos, mientras ocupaba el puesto de rectora de la UNAH, inició en el año 2017, los procesos judiciales contra estudiantes universitarios que exigían la celebración de elecciones estudiantiles y la alternancia de puestos en los órganos de gobierno de la UNAH, incluyendo el propio cargo de Castellanos.
La defensa de los estudiantes universitarios asegura que este Tribunal escondió la sentencia desde octubre de 2019, hasta hacerla pública en horas de la noche; misma que condenó a los universitarios a tres años de prisión, trabajos forzados en el centro penitenciario y la cancelación de pagos por los “daños” en perjuicio de la UNAH. El actuar del sistema judicial hondureño ha sido tal, que por un lado ha conferido penas a estudiantes, y por otro ha librado de procesos judiciales a funcionarios públicos señalados en actos de corrupción, incluso por organismos internacionales como la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras; son un ejemplo el “caso pandora”, “caja chica de la dama”, y en la actualidad las recientes estafas que siguen perpetrándose en el curso de la pandemia.
La situación de los jóvenes hondureños, acusados por haber defendido la integridad de la universidad pública en un momento de paulatino acercamiento a la privatización, se asemeja al clima de persecuciones vivido por los jóvenes nicaragüenses, con mayor intensidad en el año 2018, que se tuvieron que enfrentar a un dilema: quedarse en su país, o salir al exilio.
