CONGRESO NACIONAL: PIEZA DEL ENGRANAJE DE LA IMPUNIDAD [PARTE I]

Eran las dos de la tarde cuando nos adentramos en las instalaciones del edificio anexo del Ministerio Público - MP en Comayagüela. En la recepción una secretaria hizo preguntas de rigor. Dejamos nuestras identificaciones. -No pueden ingresar teléfonos - nos detuvo un uniformado. Después de diez minutos de intercambio, necesarios para demostrar su autoridad, el guardia nos permitió seguir.

Nos dirigimos al piso de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción – UFERCO. Otra secretaria, esta vez amable, hizo las mismas preguntas. - Somos del equipo de investigación de El Perro Amarillo (EPA) – respondimos. - Nos espera el fiscal titular de la UFERCO, Luis Javier Santos(LJS) -. Nos hicieron pasar a una oficina repleta de cajas. Caso Pandora, La Cachureca, Jeannette Kawas, se titulaban algunos legajos de documentos. El fiscal interrumpió la lectura de una escritura pública para atendernos.

EPA / Buenas tardes abogado. Muchas gracias por su tiempo. Nos preocupa la crisis generada a lo interno del Congreso Nacional, por lo que es oportuno conversar con usted para que la población conozca qué intereses se están jugando a través de las leyes aprobadas en el poder legislativo. Comencemos con la UFERCO, ¿cómo califica la gestión de esta unidad?

LJS / El trabajo de la UFERCO es importante porque antes, lo que se hacía era seguir el delito, pero no se veía como redes de corrupción incrustadas en las instituciones. Yo creo que ese enfoque que le dio la MACCIH[1]y la UFECIC[2]a las investigaciones, es el necesario para ir sanando las instituciones de una vez por todas. De ahí, la importancia del trabajo que hace esta unidad.

EPA / Sabemos que combatir la corrupción es ir contra la corriente. Como fiscales, ¿qué esperan del gobierno de Xiomara Castro?

LJS / En primer lugar, nosotros tenemos claro que el trabajo contra la corrupción nunca va a tener el apoyo esperado por parte del gobierno porque a quien uno investiga es a los funcionarios. Por ejemplo, una fiscalía para los Derechos Humanos nunca va a tener el apoyo de los militares o la policía porque es a ellos a quienes más investiga. El MP es una sola institución y tiene un solo presupuesto, y es dentro de ésta institución que se tiene que tener el apoyo a este tipo de unidades. En el nuevo gobierno lo que esperamos es que se deroguen todas las leyes que obstaculizan las investigaciones del MP. No necesitamos que el gobierno se encargue de aumentar el presupuesto o nombre a personal porque no es su función.

EPA / ¿Qué espera la UFERCO del Congreso Nacional?

LJS / Bueno, del Congreso Nacional esperamos que en las primeras semanas proponga la derogación de al menos tres o cuatro decretos que obstaculizan las investigaciones del MP.

EPA / ¿A qué decretos se refiere abogado?

LJS / Los decretos No. 116-2019, 57-2020 y 93-2021. El 116-2019 es la ley que impone un requisito previo a las acciones del MP, obligando al Tribunal Superior de Cuentas – TSC a elaborar un informe de auditoría antes de cualquier acción que pueda interponer el MP. Eso no tiene sentido. El TSC debería hacer su trabajo e informe independientemente del MP. Un ente administrativo no puede determinar si en el manejo de fondos ha habido responsabilidad penal, porque no tiene una vista de todos los medios de prueba a los que puede acceder el MP. Están obligando al TSC a responsabilizar o desestimar penalmente sin tener la totalidad de medios de prueba a la vista.

La mejor arma que tiene el MP y la mejor arma que, como fiscales, tenemos para acceder a la prueba es el artículo 217 del Código Procesal Penal y es precisamente de ese artículo que el CN, en el decreto 57-2020, hizo una interpretación contraria a la lógica. Ese decreto permitía que el MP fuera a una institución y asegurara prueba que podría acreditar un delito. Ahora el MP debe solicitar la información al funcionario, y el funcionario tiene la facultad de negarse si el MP no le explica para qué necesita la información. De esa manera, el funcionario tiene ventaja para comenzar a desaparecer las pruebas. Y si el MP no la solicita de manera motivada, las instituciones públicas niegan la información. Así nos han negado información en Casa Presidencial, en el Congreso Nacional y en la municipalidad de Tegucigalpa. El decreto, en los siguientes párrafos, dice que, si la institución niega la información, debe recurrir a los juzgados. ¿Y qué pasa en los juzgados? Cuando fuimos a solicitar documentación a la alcaldía, fuimos a los juzgados, y ellos ordenaron el secuestro de la información. Pero, ¿qué hicieron los defensores? Metieron un amparo en la corte para que esa información fuese devuelta a la alcaldía.

El otro artículo es el 93-2021. Fue aprobado de manera irregular durante la semana morazánica. Este es lo mismo, la misma facultad que nosotros teníamos para ir a traer información a una institución, la teníamos para accesar a información financiera, pero nos pusieron exactamente las mismas limitaciones. Tanto que volvieron al secreto bancario, éste no aplicaba para el lavado de activos, ni para todos los delitos precedentes. Ahora simplemente no aplica para el lavado de activos y el terrorismo.

Lo otro es que establecieron un procedimiento que tarda mínimo un mes para poder accesar información, cuando antes el MP lo podía hacer de manera directa. Los políticos quieren que nos limitemos a investigar delitos de abuso de autoridad, por eso se nos niega el acceso a la información pública.

EPA / Hay varias personas ligadas a la corrupción y al narcotráfico que tienen asegurado su curul en el PARLACEN[3]. Esta entidad les asegura cierto tipo de inmunidad por cuatro años, ¿hay algún riesgo de impunidad por la limitación de las leyes?

LJS / Si el Congreso no reforma los decretos que impiden al MP investigar, todos los actos de corrupción de cinco años hacia atrás van a quedar en el recuerdo de este país. Solo vamos a conocer la historia de cómo los corruptos se enriquecieron, mientras ellos disfrutan de sus bienes en su totalidad.

En la siguiente entrega, el fiscal Luis Javier Santos profundiza en la importancia del MP para acceder a información financiera y por qué es necesario que el CN actúe en favor de la población.