Caso Waleska Zelaya a un paso de la impunidad

Ha pasado un mes y veintisiete días sin respuesta de parte del Ministerio Público – MP y la Fiscalía hondureña en el caso Waleska Zelaya, diputada nacionalista que junto a su esposo Juan José Lagos sobrevaloraron 474 mil mascarillas KN95 que pretendían vender al Estado Hondureño por medio de Inversiones Estratégicas de Honduras - Invest-H. El 12 de agosto el MP llevó a cabo la incautación de las mascarillas sobrevaloradas, y al día siguiente nuestro equipo de investigación denunció el dudoso traspaso de las escrituras públicas de GyT a Marco Tulio Castro Canales (abogado defensor de Marco Bográn). Nuestro equipo periodístico se comunicó con Luis Javier Santos, director de la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción – Uferco, quien aseguró a nuestro medio que el MP aún no le asigna el caso referido a la diputada Zelaya y su esposo, y que se encuentra “bajo reserva”.

Ante la ausencia de respuestas en dos de los casos más emblemáticos de corrupción durante la pandemia como “Hospitales Móviles” en manos del ex directivo de Invest-H Marco Bográn, y la sobrevaloración de mascarillas por parte de la diputada Zelaya y su esposo; la población hondureña cuestiona el seguimiento y determinaciones de la Fiscalía General de la República al mando de Óscar Chinchilla, quien paradójicamente recibe halagos de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, institución que publicó en su cuenta oficial de Twitter hace un día “Conversamos con Fiscal General Chinchilla sobre casos de derechos humanos y los esfuerzos para combatir la corrupción. Apoyamos al Fiscal General y al @MP_Honduras en su trabajo para fortalecer las instituciones hondureñas y el estado de derecho en Honduras”.

Este halago no corresponde con las críticas severas de parte de muchos hondureños hacia el Fiscal Chinchilla, quien aún no da respuestas contundentes sobre el proceso que seguirá contra los implicados en casos de corrupción. Hasta la fecha la diputada Zelaya sigue legislando en el Congreso Nacional, pese a todos los señalamientos que la incriminan por el delito de estafa en perjuicio del Estado hondureño. Caso en manos de las autoridades correspondientes que, de no ser emplazadas por la ciudadanía, podrían dejar el caso en la impunidad.

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