Narco-Estado vende el país en pedazos

A pesar de los recursos de inconstitucionalidad presentados en contra de las Zonas Especiales de Desarrollo - ZEDE desde el año 2014, por ser una forma de violentar la soberanía hondureña, la construcción de “ciudades modelo” fue autorizada por Juan Hernández cuando era presidente del Congreso Nacional vía Decreto Legislativo No. 368-2013, en donde además se nombró a los miembros del “Comité para la Adopción de Mejores Prácticas” una especie de gobierno interno de las ZEDE, dentro del cual se encuentran el expresidente Ricardo Maduro, el secretario de la presidencia Ebal Jair Díaz, el exministro de staff del gobierno de Lobo Sosa, Octavio Rubén Sánchez Barrientos, y el actual jefe del gabinete presidencial Leonel Cardona López. Ocupan un lugar dentro de este comité los magnates capitalistas como el danés Lars Seier Christensen, y Alex Cranberg (ligado a la industria petrolera), y Grover Glenn Norquist (estadounidense del Partido Repúblicano).

“El Estado de Honduras por intermedio de las ZEDES puede declarar la expropiación” exclamó a través de un megáfono Erick Brimer, fundador de la ZEDE “Próspera” el pasado 18 de septiembre en la comunidad de Negros de habla inglesa Crawfish Rock en la isla de Roatán, mientras era interrumpido por los policías municipales y los pobladores que denunciaron la ausencia de la consulta previa, libre e informada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y la Declaración de las Naciones Unidas de Los derechos de los Pueblos Indígenas. Brimen leyó ante la comunidad de Crawfish Rock el artículo 28 de la Ley orgánica de las ZEDE, contenida en el Decreto Legislativo No.120-2013.

Los instrumentos legales para oficializar las ZEDE arrancaron en los años posteriores al golpe de Estado del 2009, como el Honduras Open For Bisness (lanzado en el 2011) proyecto que agudizó la precarización laboral y la venta del territorio hondureño resumido en la frase del empresario Mario Canahuati “nuestra Honduras se puede prestar”, y en el 2012, momento en que el gobierno de Porfirio Lobo entabló conversaciones con el economista Paul Romer (artífice de las ZEDE). En ese año Juan Hernández aprobó el Decreto Legislativo No. 236-2012 en donde se consideraba que el Estado hondureño podía adoptar “modelos de gestión pública que descansan en el otorgamiento de altos grados de autonomía a ciertas zonas del país”, las cuales pueden estar “sujetas a regímenes especiales” que poseen personalidad jurídica y un régimen fiscal especial propio, fenómeno que la Organización Fraternal Negra de Honduras ha denominado “tercerización de la justicia y la seguridad” lo que conlleva a la creación de “ciudades-estados” vendidas a empresarios, y ancladas en una “nueva estrategia de colonialismo”.

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