“Honduras es un Estado de Derecho” reza el primer artículo de la Constitución de los hondureños, donde se define el alcance de la ley sin excepción de nadie, sin ningún tipo de obstáculos, y en donde los ciudadanos se encuentran frente a las mismas condiciones, y bajo una clara división de poderes, cuyo fin último es evitar la concentración del poder. Sin embargo, a juicio del abogado y analista Raúl Pineda “Honduras es un Estado con derechos, pero no un Estado de Derecho, (…) eso ha quedado evidenciado por el sometimiento de algunos componentes del sistema de seguridad y de justicia como la Fiscalía y el Poder Judicialafirmación que Pineda reiteró en una entrevista a El Perro Amarillo.

“¿Quiénes encabezan esos sectores que mantienen sometidos a los poderes del Estado y manejan a su antojo el país?” Preguntó nuestro director Milton Benítez a Pineda, y agregó “¿Los bancos, medios de comunicación, generadores de energía, estructuras ligadas al crimen de la narco-política? Lo faculto para que me corrija si me equivoco”. Pineda respondió: “no, definitivamente es un pequeño grupo político que mantiene relaciones con esos sectores de poder económico. Aquí el poder real lo manejan no más de seis personas, que son los que ponen jueces y los que ponen magistrados”.

Las palabras de Pineda se apegan fielmente a las circunstancias que tienen lugar en Honduras: donde los últimos cuatro presidentes han sido mencionados en cortes norteamericanas por nexos con el narcotráfico y el crimen organizado, donde órdenes de captura son giradas a personajes claves como el Capitán Santos Orellana quien denunció la colaboración de las fuerzas de seguridad hondureñas (militares y policías) en el trasiego de drogas. Y sentencias de prisión preventiva contra siete defensores del río Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón, en contraste con la plena libertad de la que gozan hoy los diputados involucrados en el Caso Pandora.

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