STENEE de Aguilar permitió concesión del río Gualcarque
Miguel Aguilar, ex-presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica - STENEE, modificó en el año 2010 el contrato colectivo de los trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica – ENEE para eliminar los derechos de la estatal eléctrica sobre el proyecto hidroeléctrico en el río Gualcarque, denunció a El Perro Amarillo José Luis Matamoros, actual presidente del STENEE. La cláusula modificada del contrato colectivo del año 2005, es la número 63 referida al fondo especial para préstamos (inciso eliminado en el contrato del año 2010) donde se detalla que “en el caso específico del proyecto Gualcarque para su construcción y puesta en marcha la ENEE le concederá los derechos, estudios, investigaciones básicas realizadas y en proceso, al fondo sobre el sitio ya denunciado…”
En el año 2009, en medio de la crisis del golpe de Estado en Honduras, desde el Congreso Nacional, precedido en ese entonces por José Alfredo Saavedra, se modificó la matriz energética del país para favorecer a los térmicos. En esta crisis se promovió la fraudulenta licitación internacional 100-1293-2009 del proyecto, y al año siguiente el contrato firmado por Carolina Lizeth Castillo fue adjudicado a Desarrollos Energéticos S.A. - DESA de la familia Atala. Lizeth Castillo fue miembro del Sindicato de Trabajadores de la ENEE, lo que le permitió conocer el estudio de factibilidad del proyecto hidroeléctrico en el río Gualcarque, y además fue asesora legal de la Junta Directiva de la ENEE, puesto desde el cual traspasó el contrato al expresidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo, quien fue asistente técnico de gerencia de la estatal eléctrica. Ambos conocían de cerca el contrato colectivo de los trabajadores y la necesidad de modificarlo para que no se pudiera anular la licitación del año 2009. “De no alterar el contrato colectivo de los trabajadores de la ENEE para quitarles la concesión del Gualcarque, no habrían asesinado a Berta”, sostuvo Matamoros.
Esta irregularidad a lo interno de la ENEE contribuyó a la extensa red de corrupción que permitió a DESA comenzar con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, edificado sobre el río Gualcarque defendido por el pueblo Lenca. Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras - COPINH se opusieron al proyecto, y denunciaron la ausencia del proceso de consulta previa, libre e informada establecido por la Organización Internacional del Trabajo – OIT. Cáceres interpuso más de treinta denuncias de amenazas a muerte y señaló a los dueños de DESA como responsables; el 2 de marzo de 2016, concretaron las amenazas y la asesinaron en el interior de su casa de habitación en La Esperanza, Intibucá.
